Somos
un grupo de personas afectadas por una situación de pasividad política. Quizá
con esta introducción no puedan hacerse una idea del fondo de nuestra petición
que se articula a través de una iniciativa legislativa popular, pretendiendo
que se dicte una Ley que trate por igual a todos los residentes en España, sin
que pueda dispensarse un trato distinto por el hecho de vivir en una Comunidad
Autónoma u otra.
Lo
cierto es que sobre nuestras viviendas, las que hemos construido con el
esfuerzo de una vida de trabajo y que constituyen nuestro hogar y el de
nuestros hijos, pesan órdenes judiciales de demolición.
A
quienes no conozcan la realidad de nuestra situación, idéntica a la de miles de
familias en toda España, le podrá parecer que hemos cometido algún crimen
construyendo nuestra casa en un parque natural o algo por el estilo. Nada más
lejos de la realidad. Nosotros edificamos nuestras casas en lugares donde
existen desde hace décadas centenares en la misma situación, donde los
Ayuntamientos prestan servicios de recogida de basuras, o se cuenta con
suministros de agua, electricidad o teléfono y se cobra por ello; en lugares
donde, desde hace años, se están modificando los Planes Generales
correspondientes para adecuarlos a la realidad existente, que es la de zonas
perfectamente urbanizadas.
Sin
embargo, la modificación de dichos PGOU es sumamente lenta (superior a una
década en muchos casos) y se topa con la pasividad de nuestros políticos,
preocupados únicamente por captar votos una vez cada cuatro años, olvidándose
durante el resto del tiempo de sus obligaciones: solucionar los problemas de
los ciudadanos y no ser la fuente de los mismos.
La
Comunidad de Cantabria es la primera que ha sido sensible a este problema y ha
dictado la Ley 4/2013 de 20 de junio que, además de pretender la agilización de
los Planes Urbanísticos, permite a aquellas viviendas cuya legalización prevén
los mismos que no sean derribadas mientras se culmina su tramitación.
No
se pretende con ello legalizar lo ilegalizable o tolerar atentados contra el
medioambiente, que no son ni serán nunca beneficiarios de esta iniciativa.
Simplemente, queremos que se trate por igual a todos los españoles y residentes
en España y que lo que la Ley de Cantabria posibilita se haga extensivo al
resto de España. Sin más, que mientras se aprueba una modificación de un Plan
General que dura años, se permita que aquellas viviendas que adquirirán la
condición de legales con dicha modificación no sean derribadas dejando sin
hogar a miles de familias en toda España.
Nuestra
iniciativa es una cuestión de sentido común, pues evitará destruir algo que
poco después podría volverse a levantar; es una cuestión de igualdad de trato,
porque ya existe una Ley en Cantabria que así lo establece y la ausencia en el
resto de Comunidades sólo supone un agravio comparativo contrario al derecho
fundamental de igualdad; y es una cuestión de humanidad porque todos tenemos
derecho a una vivienda digna y no puede entenderse que se pretenda derribar
miles de hogares por la dejadez de los políticos que tienen que aprobar los
Planes Generales, mientras se eternizan los mismos en sus despachos.
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